“Hemos revivido el río Santiago”, proclamaron funcionarios del agua y de salud del gobierno de Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco. No estamos seguros a quién creían que le hablaban y no tenemos idea de quién pensaban que les creería. Lo que es seguro es que ni la realidad ni los pueblos que vivimos en los márgenes de este milenario río coincidimos ni con sus dichos ni con sus acciones. A pesar de intentar posicionar este logro, al final de su sexenio, el mismo exgobernador reconoció que el río seguía contaminado y que se requerían miles de millones de pesos en inversiones para su saneamiento y restauración.

El Salto y Juanacatlán son dos municipios afectados históricamente por la contaminación industrial, urbana y agroindustrial. Desde de la década de los años 70, industrias manufactureras se instalaron en la zona industrial que alberga más de 700 fábricas metalmecánicas, fundidoras, automotrices, alimenticias, químicas, petroquímicas, farmacéuticas y un largo etcétera. Estas industrias han traído infraestructura como gasoductos, poliductos, líneas de alta tensión, además de un centro de almacenamiento y distribución de PEMEX, el penal de máxima seguridad de Puente Grande, el basurero metropolitano Los Laureles, el panteón estatal forense y con ellas también otras actividades clandestinas e ilegales que la persona lectora podrá imaginar. Este territorio que se disputa constantemente entre los criminales (políticos, empresarios, narcotraficantes, líderes sindicales y otros tipos) han configurado lo que nosotrxs denominamos como una zona de sacrificio, donde la desregulación garantiza tanto inversiones como impunidad.

Mientras las personas mueren, el Estado mantiene una postura negacionista: en tanto que niega la relación entre la contaminación y las enfermedades y, en consecuencia, niega también la atención a la población afectada.

Las descargas y emisiones tóxicas producidas por todos estos procesos han impactado no solo en los cuerpos de agua, sino también en la salud de la población. Estudios científicos han demostrado que las personas que habitan estos territorios padecen enfermedades asociadas a la contaminación como insuficiencia renal, diferentes tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, gastrointestinales y neurodegenerativas. Mientras las personas mueren, el Estado mantiene una postura negacionista: en tanto que niega la relación entre la contaminación y las enfermedades y, en consecuencia, niega también la atención a la población afectada.

Sin embargo, la expansión de la actividad industrial está al borde. De los muchos límites que tiene, dos son reconocidos por los mismos empresarios y por el gobierno de Jalisco: agua y energía. En cuanto al agua, después de haber saqueado el acuífero Toluquilla (el más sobreexplotado de Jalisco), la industria busca como fuente sustituta el agua de la planta de tratamiento de El Ahogado. Para la energía, el sector tiene un abanico de proyectos, todos ellos a partir de la quema de gas fósil, los cuales se pretenden instalar alrededor de los corredores industriales incrementando las afectaciones socioecológicas en nuestros territorios.

Desde el año 2019 se anunció la construcción de la termoeléctrica La Cacharrería, de la empresa española Fisterra Energy, que pretende generar alrededor de 1,000 MW (el 40 % de la demanda energética de Jalisco). En un supuesto acto de congruencia con el programa “Revivamos el Río Santiago”, y después de meses de protestas y movilización de El Salto y Juanacatlán, el entonces gobernador Enrique Alfaro se posicionó en contra de este megaproyecto que operaba con capital de Blackstone Group. Aunque su posicionamiento no conllevó ninguna acción contundente, el entonces titular de medio ambiente de Jalisco y hoy director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Sergio Graf Montero, enunció una serie de argumentos técnicos y compromisos en materia de cambio climático que permanecen vigentes y que hoy, el gobernador Pablo Lemus, ha decido ignorar.

En febrero de este año, Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (PFESEN) para producir 22 mil 674 MW adicionales por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que empresas privadas generarían 6.4 mil MW a través de 51 proyectos energéticos y monto de inversión de 22 mil millones de dólares. Dentro de los proyectos presentados, se consideran cinco termoeléctricas de ciclo combinado, una de ellas en Jalisco, asegurando que aún se estaba estudiando el sitio. Lemus presumió que la referencia que hacía la presidenta era la reactivación de La Charrería.

Lo que se reactivó fue la protesta de nuestros pueblos y alzamos la consigna ¡No a las termoeléctricas en los pueblos del Río Santiago! El gobierno federal y el gobierno de Jalisco se vieron obligados a negar la existencia del proyecto en Juanacatlán, pero la amenaza continúa. En junio, la empresa Ad Astra Energía, de Grupo VAZ, presentó a evaluación en SEMARNAT una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para una nueva termoeléctrica de ciclo combinado llamada ‘El Salto I’, con una capacidad de 565 MW. La SEMARNAT nos negó el derecho a la consulta en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y por ello nos amparamos, ganando una suspensión definitiva de la autorización en tanto que no se respete ese derecho.

Con esta termoeléctrica pretenden darles un valor agregado, garantizando la demanda energética principalmente para atraer a la industria electrónica y automotriz que Estados Unidos quiere relocalizar desde Asia.

En este proyecto existe un entramado que involucra a la Asociación de Parques Industriales de Jalisco, cuyos integrantes tienen inversión en Grupo VAZ y a un funcionario estratégico como titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, expresidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y de la CONCAMIN, así como al mismo gobernador, expresidente de la COPARMEX, quienes quieren aprovechar la ola de inversiones que empuja el famoso nearshoring para beneficiarse a sí mismos y a su gremio. Aparentemente, existe una sobre oferta de parques industriales en la zona con los cuales están especulando empresarios locales. Con esta termoeléctrica pretenden darles un valor agregado, garantizando la demanda energética principalmente para atraer a la industria electrónica y automotriz que Estados Unidos quiere relocalizar desde Asia.

Hoy, la amenaza ya no solo recae en Juanacatlán y El Salto. Manuel Herrera aseguró que ya estaban definidos los municipios que serían posibles receptores de otra nueva inversión, la de CFE. La amenaza se extendió a cinco municipios en total: Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y recientemente Acatlán de Juárez. No obstante, quienes cuentan con la infraestructura suficiente para la ejecución de estos proyectos son Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco: por las líneas de alta tensión, la subestación eléctrica, el gasoducto, el agua tratada de la planta El Ahogado y la cercanía con el corredor industrial.

La presidenta Sheinbaum anunció al mismo tiempo que logrará la restauración del río Santiago. Solo una de las dos opciones es viable: termoeléctricas e industria o salud para nuestro río y para nuestros pueblos.