En estos tiempos tan desesperanzadores —semejantes a aquellos que describía Stefan Zweig cuando escribía a quienes aún anhelaban la paz al inicio de la Primera Guerra Mundial, enfrentándose a todo y a todos—, recibo con frecuencia preguntas optimistas de amigas y defensoras ambientales del mundo acerca de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo hacen con la esperanza de que ella y su equipo ambiental, encabezado por Alicia Bárcena, puedan marcar una diferencia, sabiendo que la presidenta y quienes la acompañan son conscientes de la gravedad de la crisis y están buscando liderar a la región en la agenda ambiental y climática.

“Es complicado”, les digo. Les comparto cómo su presidencia busca identificarse como “el segundo piso de la transformación”. Un proyecto de nación inaugurado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), responsable de uno de los mayores ecocidios en décadas y de la renovada apuesta por los combustibles fósiles. El mal llamado “Tren Maya” y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) son los ejemplos más claros de estos ecocidios, que el Tribunal por los derechos de la naturaleza calificó como una violación grave a los derechos de la Madre Tierra y a los derechos bioculturales del pueblo Maya. A pesar de que estos son legados de su predecesor, el liderazgo que ha propuesto la presidenta –el cual se puede entrever en el Plan México– es un proyecto de Estado que poco difiere con el de su predecesor: volcado a la importación del gas fósil, impulsando más gasoductos, puertos y centrales termoeléctricas de ciclo combinado, así como al menos 100 nuevos polos industriales –en este caso disfrazados de bienestar– que sabemos no son más que eufemismos para nuevas zonas de sacrificio.

[...] gasoductos, puertos y centrales termoeléctricas de ciclo combinado,–en este caso disfrazados de bienestar– que sabemos no son más que eufemismos para nuevas zonas de sacrificio.

El caso del Nuevo Puerto de Manzanillo y la ampliación de la Termoeléctrica es el mejor ejemplo de los impactos de esta apuesta. La central General Manuel Alvarez Moreno es la termoeléctrica más grande de México. Inaugurada el 1 de enero de 1982, en su primera etapa comprendía 4 unidades generadoras, con una capacidad instalada de 1,200 megawatts. Con la ampliación proyectada su capacidad se elevaría a 14 unidades y a una generación de más de 3,153 megawatts. Apostando a un fenómeno global que busca integrar las rutas comerciales del pacífico mexicano con Asia, el gobierno de Sheinbaum basa sus decisiones energéticas en los intereses del capital nacional y transnacional e ignora las claras afectaciones a la salud humana y ecológica, así como los impactos y contribuciones a la crisis climática.

Desde el momento de la construcción de esta planta, diversos colectivos se han manifestado en contra, destacando a las asociaciones pesqueras que han denuncian el impacto de la termoeléctrica, debido no sólo a la mala calidad del aire, sino también al  ruido, la descarga de agua caliente y a residuos de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán. Esto ha afectado la  salud de la gente local, así como la cantidad y la calidad de su pesca.

Asimismo, las autoridades han mostrado una historia de opacidad desde los comienzos de la operación de la planta. Es tan poca la información pública de los impactos, que los datos oficiales con los que contamos son del año 2004. En un estudio conjunto elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1  estimaba la emisión de 13,000 toneladas de partículas al año, 203,000 toneladas de Óxidos de Azufre y 14,500 de Óxidos de Nitrógeno. Esto cuando la planta apenas operaba con un tercio de las unidades generadoras previstas. El estudio también reconoce la emisión de  partículas de PM 2.5 y PM 10, responsables de enfermedades respiratorias por la mala calidad del aire, así como una importante contribución a las emisiones responsables del efecto invernadero y la crisis climática. Debido a la antiguedad el estudio, este no mide emisiones de otros gases igualmente dañinos como contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro y metano.

Ahora bien, es importante señalar que este tipo de megaobras y proyectos suelen anunciarse como grandes beneficios para el país, la economía y el desarrollo, invisibilizando las afectaciones y a los afectados. En este caso refiriéndose a los vecinos inmediatos que son los habitantes de Manzanillo, las pescadoras tradicionales y la Laguna de Cuyutlán, otras formas de vida y la biodiversidad que ahí habitan. La laguna es el segundo humedal más importante del Pacífico mexicano, considerado humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar. 2 Es también considerado una región hidrológica prioritaria, un sitio prioritario marino, un área de importancia para la Conservación de las Aves y un  sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de alta prioridad. El aumento de la capacidad de la central termoeléctrica y el puerto implica firmar una sentencia de muerte para este territorio y una vez más volver a poner a la economía por encima de la vida misma.

Por si fuera poco, el estudio de 2004 reconoce que, en un radio de al menos 50 km alrededor de la termoeléctrica, la población sufre graves efectos por la contaminación del aire. Entre las principales afectaciones documentadas se encuentran: disminución del flujo de aire en las vías respiratorias, deterioro del rendimiento físico, irritación de las mucosas oculares y del tracto respiratorio superior, menor resistencia a infecciones del aparato respiratorio, deterioro de la función pulmonar, así como un aumento en la frecuencia, duración y severidad de las crisis agudas en pacientes asmáticos. También se reporta un incremento de los síntomas de cardiopatía isquémica, mayor prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivas —como la bronquitis crónica— e incluso un aumento en la incidencia de cáncer pulmonar.

Las comunidades vecinas a esta central termoeléctrica están siendo sacrificadas en nombre de una economía que desvaloriza sus esperanzas y calidad de vida por omisiones del Estado para actuar y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano.

Las conclusiones del estudio estiman que los costos de los impactos a la salud se elevan a 50 millones de dólares anuales. Esto significa que las personas de las comunidades vecinas a esta central termoeléctrica están siendo sacrificadas en nombre de una economía que desvaloriza sus esperanzas y calidad de vida por omisiones del Estado para actuar y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, según el Artículo 4to constitucional, y su responsabilidad legal –nacional e internacional– de mitigar y adaptarse a la crisis climática.

Ante estos resultados, y retomando el reciente anunciado proyecto de nación del Plan México, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados de esta apuesta continua por seguir quemando combustibles fósiles? ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida, manteniendo la identidad y costumbres de las comunidades? ¿Es una idea que surge desde las comunidades o las comunidades se enteran por las mañaneras de que existe este plan y ahora lo que se busca es que apoyen o no se opongan al plan ya diseñado? ¿Está sostenido este Plan México en la ciencia y consulta con los pueblos o es un ejemplo más de intuición puramente económica?

La respuesta a estas preguntas es que claramente los beneficiados serán las mismas industrias nacionales e internacionales de siempre, mientras que los afectados serán la mayoría de nosotrxs, incluidas las siguientes generaciones de humanos y no humanos. Lo que les suelo responder a amigas en tierras extrañas es que conocimiento no es lo mismo que voluntad o capacidad de acción. La actual presidenta está por convertirse, si se empeña y la dejamos, en una continuación de las fuerzas que siguen impulsando un ecocidio en nombre del progreso y el desarrollo a través de la devastación  de las  costas, selvas, mares y el futuro mismo de la vida como la conocemos.

¿Qué podemos hacer?

El Acuerdo de Escazú, el cual México firmó y ratificó en 2020 y que incluye además del derecho al acceso a la información y transparencia, la protección para defensores ambientales en sus artículos 5, 6, 7 y 8 es una buena guía para que esta presidencia comience a informar de la manera más efectiva, comprensible y oportuna sobre la amenaza contra la salud que significa el continuo uso y la quema de combustibles fósiles.  El acceso a la información sobre la termoeléctrica y lo que implica por medio de formatos alternativos por los canales más efectivos para alcanzar a los grupos más vulnerables como lo son las pescadoras. Creando sistemas de información ambiental para que podamos en primera instancia, mediante el acceso a la información, evaluación y participación denunciar y en segunda instancia crear una política pública para revertir y reparar los infiernos ambientales y los enormes costos socioecológicos del desarrollo que el pasado gobierno reconoció.

El anuncio de 100 corredores industriales propuestos en el Plan México debería de preocupar y movilizarnos a todxs: su construcción implica un aumento acelerado de las zonas de sacrificio en México en nombre de la exportación y los intereses de las industrias. El llamado es a construir un mundo diferente, donde los derechos humanos, de los territorios y los derechos de la naturaleza están por encima de la economía o los números en la bolsa. Para ello es indispensable rechazar la creación de nuevos proyectos que profundicen aún más la dependencia de México en los combustibles fósiles, y en cambio apostar por medidas que democraticen el uso de la energía, reduzcan el peso de las industrias —tanto en el ámbito productivo como en el transporte— y garanticen un futuro habitable para los seres humanos y los seres con quienes compartimos el planeta.