Mientras las promesas de desarrollo y progreso inundan los discursos oficiales y empresariales, la realidad que se vive en el sureste mexicano es muy distinta: megaproyectos energéticos diseñados para enriquecer a unos cuantos están destruyendo territorios, ecosistemas clave para mantener la biodiversidad de la región y comunidades enteras. Uno de los ejemplos más alarmantes es el gasoducto marino Puerta al Sureste, también conocido como Extensión Sureste, un proyecto que expone de manera cruda cómo el colonialismo energético sigue avanzando sin freno, sin transparencia y sin respeto por la vida.

El gasoducto en cuestión es propiedad de la transnacional canadiense TC Energy —también responsable de la construcción y operación de al menos otros 7 megaproyectos de infraestructura para el transporte de gas en México— y tiene como objetivo transportar gas extraído mediante fracking en el sur de Estados Unidos hasta el sureste mexicano. A pesar de que México prácticamente no cuenta con reservas significativas de gas fósil, su economía energética se ha vuelto profundamente dependiente de este recurso. La propuesta de este gasoducto, que conectará Tuxpan, Veracruz, con Dos Bocas, Tabasco, a través de un ducto marino de más de 700 kilómetros de longitud y un metro de diámetro, busca movilizar hasta 1.4 billones de pies cúbicos diarios (BPCD) de gas fósil. Esto representaría un aumento superior al 20 % respecto a las actuales importaciones de gas, profundizando así la vulnerabilidad energética del país frente a las políticas volátiles de gobiernos como el de Donald Trump y atentando contra cualquier posibilidad real de una transición, democratización y soberanía energética. Este proyecto forma parte de un modelo más amplio de industrialización, urbanización y expansión turística que busca reconfigurar el sureste mexicano a cualquier costo, en conjunto con otros megaproyectos como el Tren Maya, las refinerías, los parques industriales y los corredores interoceánicos.

Fragmentación, opacidad y simulación: el patrón extractivo

Desde su inicio, Puerta al Sureste ha estado marcado por la opacidad y la simulación. El proyecto fue fragmentado intencionalmente en dos etapas, una terrestre y otra marina, con la finalidad de sortear las obligaciones legales de evaluar los impactos socioecológicos  de forma integral. Esta práctica viola precedentes legales que exigen que proyectos de esta magnitud sean revisados como un todo, considerando sus efectos acumulativos y su huella social y ecológica de manera integral.

Peor aún, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) omite por completo cualquier evaluación sobre el impacto climático del proyecto, ignorando los compromisos que México ha adquirido ante la comunidad nacional e internacional para mitigar el cambio climático.

Los datos muestran otra realidad: los estados más ricos en petróleo y gas [...] presentan unas de las tasas más altas de hogares sin acceso suficiente a la energía.

Información ocultada, comunidades ignoradas

Otro rasgo que define este megaproyecto es la falta de transparencia. Las autorizaciones no fueron publicadas en la Gaceta Ecológica, y la MIA oculta información clave como el trazo completo del ducto, bajo el argumento de “seguridad nacional”. ¿Desde cuando hablar de seguridad nacional implica poner los intereses de las industrias extranjeras sobre las necesidades de la población en México?¿Por qué un proyecto de capital privado que amenaza la biodiversidad, la salud e incluso las posibilidades de vida en México y en el planeta es un asunto que no se puede discutir?

A la par, comunidades costeras en Veracruz han denunciado, mediante actas de asamblea comunitaria, que nunca fueron consultadas y que rechazan el proyecto. Estas denuncias han sido ignoradas sistemáticamente, incluso cuando se presentaron ante accionistas de la empresa.

Arrecifes mesofóticos: la vida bajo amenaza

Uno de los daños ecológicos más graves del proyecto es el que se cierne sobre los arrecifes mesofóticos: ecosistemas profundos, ricos en biodiversidad, que hoy se encuentran fuera del radar de la protección oficial y en riesgo inminente por la construcción del gasoducto.

“Los arrecifes mesofóticos son comunidades caracterizadas por corales fotodependientes y no fotodependientes, y comunidades asociadas, que se distribuyen entre -30 y -150 m de profundidad”.

TC Energy asegura que el ducto no pasará cerca de ningún arrecife vivo, afirmando tener estudios que jamás ha presentado públicamente. Sin embargo, una investigación independiente realizada por Greenpeace, utilizando tecnología nunca antes usada en la región, reveló ecosistemas mesofóticos vivos entre los 50 y 100 metros de profundidad —justamente donde se planea colocar el ducto, según los datos batimétricos públicos en la propia MIA.

La evaluación de impactos presentada por TC Energy y validada por la ASEA no utilizó la mejor ciencia disponible. Por el contrario, se basó en metodologías dudosas que ignoran la riqueza ecológica del fondo marino.Durante las inmersiones del equipo de Greenpeace también se registraron especies protegidas por la NOM-059 de SEMARNAT, lo que demuestra que la vida marina y la posibilidad de sostener la biodiversidad y todas sus contribuciones a la vida en el planeta está en serio riesgo.

Queremos energía renovable, asequible y comunitaria, no más gasoductos que destruyen la biodiversidad.

El gas no es para la gente

El discurso empresarial insiste en que estos proyectos traen energía y desarrollo a la población. Pero los datos muestran otra realidad: los estados más ricos en petróleo y gas que también son los estados afectados por este megaproyecto presentan unas de las tasas más altas de hogares sin acceso suficiente a la energía. Tabasco, Veracruz y Campeche son de los Estados con mayor pobreza energética. Mientras tanto, el gas que circulará por este ducto servirá para alimentar megaproyectos como Dos Bocas, el Tren Maya, plantas eléctricas privadas, y parques industriales destinados al capital transnacional.

Según cifras estimadas, el gasoducto generará 29.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año —30 veces más que todo el sector residencial nacional. Este modelo no sólo agrava la crisis climática, sino que destruye ecosistemas y desplaza a comunidades enteras en nombre de un “desarrollo” que nunca llegará a sus puertas.

Por una transición energética justa

Puerta al Sureste no es un proyecto de energía para la gente. Es energía para los parques industriales, para las constructoras, para los inversionistas, no para los hogares que no pueden atender sus necesidades energéticas. En lugar de seguir financiando megaproyectos que destruyen los territorios y profundizan la desigualdad, México necesita una transición energética con justicia social, ecológica y climática.

Es momento de detener la expansión de las empresas fósiles, de recuperar el control sobre nuestros territorios y ecosistemas, y de exigir que la energía sea un derecho de las personas, no un privilegio. La energía debe garantizar el bienestar de los pueblos, no el enriquecimiento de unos pocos.

Democracia Energética: energía para la vida, no para la destrucción

Frente al poder de las transnacionales y la complicidad del Estado, la organización comunitaria, la resistencia local y la solidaridad internacional son nuestras mejores herramientas. Levantar la voz, articular alianzas y exigir transparencia, consulta y respeto por la vida son pasos clave para frenar esta amenaza.

Queremos energía renovable, asequible y comunitaria, no más gasoductos que destruyen la biodiversidad. Queremos hogares con acceso suficiente y garantizado a electricidad limpia, no más pueblos sin luz a la sombra de refinerías y ductos. Queremos Democracia Energética: que la energía esté al servicio de la vida, no del capital.