Hay pocas referencias para interpretar el peligroso juego diplomático (si es que le queda algo de vigencia a esta práctica) al que Trump está arrojando al mundo y en especial a sus socios comerciales. Se trata de un juego de fuerza bruta; no hay mérito en el abuso y en obligar a otros a tomar la posición de mesura para evitar conflictos que causarán sufrimiento innecesario. En este juego, la presidenta Claudia Sheinbaum ha conseguido navegar estas turbulentas aguas a través de un discurso de colaboración rechazando la sumisión. Sin duda, es un camino que a muchos nos trae certidumbre en medio de la inestabilidad que nos llega desde el norte. Sin embargo, esa soberanía que tanto se pregona, corre un gran peligro desde uno de los intercambios más sensibles entre nuestros países, el del gas fósil.

El gobierno de Donald Trump ya mostró cuáles son sus herramientas para someter a otros países: las tarifas y la guerra comercial, junto con una amenaza latente de intervención militar sobre la cabeza de todo mundo. Estamos viendo las prácticas desenmascaradas que siempre estuvieron presentes en el llamado multilateralismo, pero que ahora dejan al descubierto la flagrante realidad colonial sin ataduras diplomáticas . En este contexto, como ya lo han advertido economistas y antropólogos como Jason Hickel, la alternativa hacia un mundo más justo necesita localizar nuestras economías y, por ende, cortar lazos de dependencia con el imperio desatado. Entre menos dependas de él, menos elementos tendrá para coaccionar. El gas representa una de las  grandes fuentes de dependencia y por tanto de vulnerabilidad que tiene México frente a Estados Unidos.

Además de la desequilibrada balanza comercial, México tiene una profunda dependencia energética con su vecino del norte. De la electricidad que se genera en nuestro país, el 60 % de ella proviene del gas fósil. Este gas, además de ser una fuente contaminante y una importante contribución a la crisis climática, proviene en un 90 % de Estados Unidos. Se trata de la fuente de energía con mayor crecimiento dentro de la matriz energética de nuestro país, una expansión que en gran medida responde a condiciones de obligatoriedad de importación diseñadas y acordadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar de haber alcanzado un pico en la producción de gas en el año 2006, México ha mantenido lo que a primera vista parece una inexplicable expansión de ductos y centrales de quema de gas fósil. Desde las administraciones de Calderón (2006-2012) y  Peña (2012-2108)  se establecieron contratos leoninos que encadenaron a México a una importación de gas fósil, propiciando una acelerada dependencia para la generación de energía eléctrica. Estos contratos –hoy manifiestos en más de los 25 puntos de interconexión con Estados Unidos y más de 11,000 kilómetros de gasoductos– se pueden pensar como los corruptos cimientos transexenales con los que la administración más corrupta que ha tenido nuestro país aseguró que seguiríamos comprando gas a las empresas fósiles de Estados Unidos.

El gas fósil también es erróneamente conocido como gas natural, una estrategia de la industria fósil para normalizar su uso y hacerlo sonar menos dañino que el petróleo o el carbón.

En los primeros meses de la administración actual se ha hablado mucho del camino que se trazará para la política energética y climática de los próximos seis años. Por un lado, tenemos en el ejecutivo a una experta en energía y científica climática, como ella misma se presenta, a lo que se le suma un país con un perfil ideal para el despliegue de infraestructura baja en carbono para aprovechar algunos flujos renovables como el viento, la geotermia, la luz solar, el agua y la biomasa. Este aprovechamiento se puede realizar de una forma democrática, descentralizada e incluso se puede poner en manos de diversas comunidades indígenas, campesinas, rurales, urbanas o periurbanas. A pesar de ello, hay mensajes públicos desde distintas dependencias como la Secretaría  de Energía y la Comisión Federal Electricidad que apuntan a continuar con la tendencia que se inauguró desde el 2006, ampliando los legados de todos los presidentes anteriores y optando por una política energética que nos mantiene y crece en una situación de dependencia con la administración de Trump.

Hace unas semanas se anunciaron nuevas plantas de ciclo combinado, cinco para ser exactos, que se suman a otras 14 que ya se encuentran en etapas de proyecto y construcción. La herencia también de administraciones pasadas de los miles de kilómetros de gasoductos, incluye también nuevas adhesiones como el caso de Puerta al Sureste (con 715 Km transportando 1.300 millones de pies cúbicos por día) y Mayakan (700 km más estaciones de compresión y medición) a lo largo del territorio nacional. Por si fuera poco, esto se suma a una nueva y destructiva industria fósil que pretende la exportación de gas “natural” licuado (GNL) a Asia y Europa con importantes daños a la biodiversidad (particularmente a las ballenas) y al clima. Dentro de las termoeléctricas anunciadas, una de ellas ya enfrenta una importante resistencia en Jalisco. Quienes conocen los proyectos de gas bien saben que, lejos de traer “desarrollo”, sostienen y reproducen la creación de zonas de sacrificio.

La encrucijada en la que se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum consiste en la decisión de mantener el mismo camino de dependencia e incertidumbre, sabiendo que puede conducir a una pérdida de soberanía y a una acelerada crisis climática, o de aprovechar, como toda buena crisis, la oportunidad para construir un verdadero modelo de soberanía energética pensando desde las necesidades de cada territorio, pensando en la posibilidad de gestar nuevas comunidades energéticas democráticas, descentralizadas y descarbonizadas. Cada proyecto de gas es una nueva rienda en las manos de Donald Trump y de su visión imperialista, racista, colonial y de abierta negación de la crisis climática. Mantener o peor aún, incrementar la dependencia en el gas fósil de los Estados Unidos no sólo es la decisión equivocada, es el camino directo a la pérdida de soberanía nacional, el colapso del clima y el terricidio en México. Esperamos que la SENER y la presidenta hagan caso a las tantas voces que llaman por una política energética y climática congruente por encima de otros que presentan el discurso de las industrias y empresas como interés público, y que se aprovechan de la crisis climática para tratar de convencernos de la mentira de que los gasoductos, termoeléctricas y plantas de licuefacción de gas nos ayudarán a ‘transicionar’ o mitigar el calentamiento global.

Las razones para esperar un nuevo rumbo existen, esperamos que quienes ya detectaron que “Huele a Gas” reaccionen con la alerta que se espera y cierren esa peligrosa fuga que nos envenena.